En los últimos días, el precio de la luz vuelve a elevarse. En primer lugar, hay que tener en cuenta los denominados peajes, (la parte regulada del recibo que fija el Gobierno) y los impuestos. Según Nadal, los precios de estos días elevarán el recibo en unos 100 euros al año, lo cual se traducirá en una subida de la luz para el consumidor final, familias y empresas un encarecimiento superior al de un 20% anual a partir de hoy… y ya van ni se sabe
Para PROGRESA, el brusco encarecimiento continuo que pretende imponer el mercado es «inaceptable» y, por tanto, el Estado debe intervenir positivamente para poner orden. Los españoles soportan hoy una de las facturas eléctricas más caras de la UE debido, precisamente, a ese mismo intervencionismo público negativo, ya que el intervencionismo se basa solo en los costes regulados, cuya evolución depende del Gobierno. La factura de la luz -excluyendo impuestos- se divide en dos grandes bloques:
• Precio libre (coste de la energía): lo que le cuesta la electricidad a la empresa que nos la vende (subastas en el mercado mayorista).
• Precio regulado (peaje de acceso): refleja el coste de acceder a las redes, y su precio lo fija arbitrariamente el Gobierno de turno.
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El propio Ministerio de Industria admite que se ha disparado algo más de un 90% desde 2004. Sin embargo, este aumento no se debe a los precios libres del mercado sino a los explicados costes regulados.
La subasta suele reflejar poco más del 40% del coste cuando se excluyen impuestos y se encuadra en el precio libre. Es más, cabe destacar que el precio libre de la energía no sólo se ha mantenido estable en la última década sino que, además, su peso en la factura eléctrica ha ido descendiendo de forma progresiva, conforme aumentaban la cuantía de los costes regulados, pasando del 54% al 35% en los últimos años.
Por tanto, la subida de la factura ha de buscarse en la parte que depende del Gobierno, los costes regulados, cuyo peso en la factura -sin impuestos- es algo inferior al 60%.
Así pues, del 35% al 40% de la factura total es la que depende directamente del mercado, y del 60% al 65% restante depende del poder político -si se suman también los impuestos-. De este modo, eliminando tales costes políticos, la factura bajaría hasta un 65%. Pese a ello, cabe recordar que dentro de la parte regulada también se incluye la distribución y el transporte, que, siendo actividades ligadas a la generación de electricidad, están bajo el control directo del Estado en cuanto a su desarrollo y su retribución. Aún en el caso de incluirlos como actividades asociadas al mercado, dando por válidos sus actuales costes intervenidos, el precio de producir electricidad apenas ascendería al 52% del recibo total o, lo que es lo mismo, eliminando todo atisbo de intervención pública, la luz que pagan familias y empresas bajaría, como mínimo, un 50%.
Todo esto implica que:
1.-La normativa que fija precios es desastrosa y sabiéndolo los gobiernos de los últimos años la han mantenido a costa del ciudadano español.
2.-La política intervencionista del estado no ha sido en ningún caso en los últimos años a favor de la sociedad española sino en contra de ella.
3.- ¡Basta ya de no priorizar en este país y no distinguir entre bienes básicos y de lujo! La electricidad es un bien básico necesario, es uno de esos bienes a los que todo el mundo tendría que tener acceso sin dificultad, no se puede negociar con ella de la manera que se está haciendo.
Solicitamos por tanto desde PROGRESA, que tanto el gobierno como la oposición se pongan a trabajar en la rectificación de la normativa y consideren la electricidad como un bien fundamental al que todos los españoles puedan tener acceso siempre, es necesario que la electricidad no engorde las arcas del estado a costa de la sociedad y dejen de apoyar tanto a los mismos y giren hacia las energías renovables, despenalizando el suministro propio de los ciudadanos (placas solares, etc.), abaratando todo tipo de costes relacionados con el fenómeno electricidad.