Hasta hace muy poco, despedir a un trabajador en situación de incapacidad temporal (baja médica) salía muy barato. Entre otras razones, porque Juzgados y Tribunales, en aplicación de la doctrina impuesta por el Tribunal Supremo, declaraban la improcedencia del despido, pero no su nulidad. Ha sido el pasado 23 de diciembre cuando el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona ha resuelto declarar la nulidad a un trabajador despedido durante su incapacidad temporal. Una vez más, la El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos deja en evidencia.
Últimamente estamos aconteciendo atónitos a que cuestiones tradicionalmente pacíficas en Juzgados y Tribunales de nuestro país, vengan siendo interpretadas por el Tribunal europeo de Justicia. Hace muy poco nos sorprendió el caso de Diego Porras, en el que se equiparaba el fin de contrato de los eventuales e interinos a la indemnización del despido objetivo. No si no hubiera sido el tribunal de Justicia Europeo quién a través de una cuestión prejudicial del Juez español, resolvió subrayando que se debía equipara en términos indemnizatorios por ser un sistema discriminatorio.
Ahora, de nuevo es el citado Tribunal europeo quién igualmente resuelve una cuestión prejudicial interpuesta por el Magistrado del Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona. Así, ante lo que podría haber sido un caso más de despido durante la incapacidad temporal (baja médica) y que hubiese terminado seguramente en la declaración de improcedencia, se falló en declarar la nulidad del despido.
Antes de entrar de verdad en materia, es necesario recordar las grandes diferencias entre declarar la improcedencia de un despido y declarar su nulidad. Son radicalmente diferentes.
Cuando el órgano judicial declara improcedente un despido, lo hace alegando que no hubo motivo para practicarlo, o que la decisión extintiva carece de los mínimos requisitos exigibles por la Ley. Frente a ello se alza la declaración de nulidad, que se basa en que el despido se practicó vulnerando derechos fundamentales y libertades públicas, que ampara nuestra constitución.
Así pues, y es lo más relevante, son las consecuencias de tal declaración. En este sentido, si se declara la improcedencia del despido, o despido improcedente, la empresa deberá optar por readmitir al trabajador o indemnizarlo en la cuantía correspondiente al despido improcedente. Sin embargo, si el despido se declara nulo, la empresa no puede optar, por lo que deberá reincorporar al trabajador en su puesto de trabajo y abonándole los salarios de tramitación. Y estos no son más que los dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en la que se notifique la sentencia. Por ello, los salarios de tramitación suelen ser bastante más elevados que cualquier indemnización.
Una vez lo anterior, y entrando a analizar la sentencia del Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona, de 23 de diciembre de 2016, en la que se enjuicia el despido de un cocinero accidentado de un conocido hotel. El origen de todo fue el accidente laboral sufrido por el citado trabajador, al resbalar, caerse y fracturarse varios huesos durante su jornada laboral. Tras varias semanas en situación de incapacidad temporal, la empresa notifica al trabajador su despido disciplinario, alegando “no haber alcanzado las expectativas establecidas por la empresa ni el rendimiento que la empresa considera adecuado o idóneo para el desempeño de sus tareas en su puesto de trabajo”
Pues bien, la novedad reside en que esta sentencia considera que el hecho de despedir al trabajador en situación de incapacidad temporal (baja médica) no es improcedente, sino nulo.
Por ello, el trabajador ha de ser reincorporado en la empresa, con idénticas condiciones de trabajo y el abono de los salarios de tramitación.
Esta sentencia, a pesar de haberse dictado por un Juzgado de primera instancia, sienta antecedentes en tanto las cuestiones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia Europeo han sido las determinantes en gran medida para obtener esta sentencia.
Es necesario tener en cuenta que, el Juez de primera instancia llega la conclusión de que existe nulidad (despido realizado vulnerando Derechos constitucionales; en este caso al derecho a la integridad física y a la salud), en tanto se discrimina al trabajador por su condición de “discapacitado”, un concepto que ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha calificado como aquel trabajador en situación de incapacidad temporal que presenta un carácter duradero de su incapacidad en la fecha del despido. Precisamente ese es el concepto que el citado Tribunal utiliza como discapacidad a los efectos de calificar el despido como discriminatorio, y que por otro lado ya recogen la Directiva Europea 2000/78, C335/11 y C-337.
Por ello, los despidos practicados sobre trabajadores en situación de incapacidad temporal, que previsiblemente se alarguen en el tiempo, y que puedan ser considerados como discapacitados, cuentan ya con una protección contra el despido mucho mayor que la que la actual doctrina jurisprudencial española le venía garantizando, en la que exclusivamente se estimaba la improcedencia del despido en caso de probarse que el motivo real de éste, era la situación de enfermedad.
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